El pasado lunes 1 de marzo, tuvo lugar la visita de los representantes del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas, Doña Alicia Tajuelo Castilla y Don Pablo Enrique Ramírez Pino, con el Delegado Provincial del Instituto Nacional de Estadística, Don Juan Manuel Cárdenas Acosta, donde se abordaron distintos temas de actualidad jurídica y relaciones institucionales del Consejo Superior en la provincia de Albacete.
El 12 de noviembre de 2020 tuvo lugar, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, el acto oficial de recepción de la V Promoción del Cuerpo de Letrados del Gabinete Jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los nuevos Letrados fueron recibidos por el Vicepresidente de la Junta de Comunidades, D. José Luis Martínez Guijarro.
Los nuevos compañeros del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha son Fátima Tornero Lora-Tamayo, Enrique Soler Santos, María Teresa Ruiz Valdepeñas, Alicia Tajuelo Castilla y Pablo Enrique Ramírez Pino.
El próximo 7 de octubre, de 17,00 a 18,15 horas, tendrá lugar el Webinar: La restricción de derechos en tiempos de pandemia: el reto jurídico de los gobiernos autonómicos.
Ponentes: Pablo de la Cruz López. Letrado de Gobierno CCAA (exc.) Director de la Comisión Académica-Letrados de Gobierno CCAA.
José Ramón Ahicart Sanjosé. Letrado de Gobierno CCAA. (Abogacía de la Comunidad Autónoma de la Illes Balears).
Ignacio Lleó de Nalda. Letrado de Gobierno CCAA. (Abogacía de la Generalitat Valenciana).
Francisco Bravo Virumbrales. Letrado de Gobierno CCAA (Abogacía de la Comunidad de Madrid).
Descripción: Las restricciones a la movilidad de los ciudadanos y al ejercicio de actividades comerciales, se han considerado medidas necesarias para el control de la propagación del virus Covid-19. La declaración del estado de alarma proporcionó a los poderes públicos el contexto necesario para poder adoptar este tipo de decisiones que pueden afectar a derechos fundamentales. Una vez superada la excepcionalidad, los órganos de gobierno de las CCAA han tenido que afrontar el enorme reto de implementar medidas complejas con instrumentos jurídicos complejos. Letrados de Gobierno de las CCAA de Madrid, Islas Baleares y Comunidad Valenciana analizan este fenómeno histórico de enorme trascendencia jurídica.
Inscripciones: https://www.epj.es/webinar_restriccion_derechos_tiempos_pandemia/
El Consejo de Administración del Grupo Tragsa, celebrado hoy, ha aprobado el nombramiento de María José Santiago Fernández como nueva directora de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal de la empresa. María José Santiago ocupaba desde 2018 la Presidencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación en el Ministerio de Hacienda. En 2011 fue nombrada Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cargo que ocupó hasta julio de 2018.
Anteriormente había desempeñado diversos cargos de responsabilidad, principalmente en la Junta de Andalucía, prestando sus servicios como Letrada jefe de la Consejería de Agricultura y Pesca (1999-2004), de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes (2004-2008),de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (2008-2011) y Vocal del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva de la Secretaría General para el Deporte (2006-2010).
A lo largo de su carrera profesional ha publicado numerosos artículos en revistas y obras colectivas especializadas en el ámbito de la contratación pública. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y en 1996 ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía con el número 1 de su promoción. El proceso de selección se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios de igualdad, mérito y capacidad que rigen la política de contratación de las empresas públicas.
El compliance ha llegado al mundo corporativo con vocación de permanencia y como medida de eficacia para mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo, la ética y la integridad organizacional y personal, no solo en el ámbito privado sino también en el público.
La Administración, a todos los niveles, y numerosas empresas públicas han sufrido un deterioro reputacional como consecuencia de episodios de corrupción y falta de integridad en la gestión de recursos públicos, que han puesto de manifiesto ciertas carencias en el control real de su actuación.
En consecuencia, ha crecido la certeza de que el sector público, sometido a la Ley y el Derecho por expresa remisión del art. 103 de la Constitución Española, necesita de instrumentos que aseguren ese sometimiento con el cumplimiento de las obligaciones en materia de buen gobierno, transparencia, actos administrativos, conflictos de interés, contratación y relaciones con terceros.
En este curso se repasarán las principales obligaciones legales y de buen gobierno o mejores prácticas, de administraciones, empresas públicas y fundaciones para garantizar un nivel de seguridad jurídica, con técnicas y modelos propios del sector público y otros atraídos desde el sector privado.
El curso que se divide en tres módulos, proporciona al alumno las herramientas necesarias para crear marcos de integridad en las distintas Administraciones Públicas así como en el sector público en general, con el objetivo de crear una cultura de cumplimiento y reforzar la ética e integridad institucional. Para ello se analizarán los sectores de mayor riesgo y se enseñarán las técnicas para hacer un mapa de riesgos, elaborar códigos de conducta o como debe implantarse un canal de denuncia entre otras cuestiones.
