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Hace siete años se creó el Consejo Superior de Letrados de las Comunidades Autónomas con el objetivo, por un lado, de defender los intereses profesionales y corporativos de los funcionarios de carrera de los diferentes Cuerpos de Letrados de los Gobiernos Autonómicos y, por otro, para el estudio y la promoción científica de todas las disciplinas del Derecho.
Los letrados o abogados de las Comunidades Autónomas son funcionarios que realizan en exclusiva funciones de carácter contencioso, a través de la representación de la Comunidad Autónoma ante cualesquiera órganos jurisdiccionales y de naturaleza consultiva, mediante la emisión de dictámenes e informes.
El presidente del Consejo Superior de Letrados de las Comunidades Autónomas es Luis Moll Fernandez-Figares, director de los Servicios Jurídicos de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
Durante su carrera profesional ha ocupado puestos de letrado jefe de distintas consejerías, ha dirigido el departamento de Derecho civil y penal de la Comunidad de Madrid o los servicios jurídicos del Instituto de la Vivienda.
Esta es una de las ideas fuerza apuntadas en las Primeras Jornadas de Compliance en el Sector Público el presidente del Consejo Superior de Letrados y Abogados de Comunidades Autónomas, celebradas esta semana en el marco de la Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Desde hace cinco años existe una sensibilización en algunos letrados de Comunidades Autónomas (CC.AA.) sobre la necesidad de que la Administración implante unos mecanismos adicionales, sobre todo preventivos, teniendo en cuenta que la Administración tiene que ser precisamente ejemplarizante.
“No se trata de un método para prevenir la corrupción sino para mejorar la gestión ligado al derecho a la buena administración que tienen los ciudadanos», afirmó Belén López, presidenta de la Sección Científica de «Compliance» del Consejo.
El próximo 24 de octubre, la Sección Académica del Consejo celebra, en la Real Academia de Jurispridencia y Legislación, la primera jornada de la Sección Científica de Compliance en el Sector Público, con la participación de los principales expertos en la materia.
